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Once organizaciones reclaman transparencia y criterios de mérito para renovar el Supremo venezolano
Once organizaciones de derechos humanos y justicia presentaron el 18 de noviembre de 2026 ocho recomendaciones para evaluar a los aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela. Ante la fase que comienza con el cierre de las postulacione...

LAS CLAVES
- Las organizaciones piden publicar las normas de funcionamiento del Comité de Postulaciones Judiciales, los currículos de los candidatos y las notas de la revisión de credenciales.
- Proponen que la comprobación de requisitos de elegibilidad preceda a la puntuación y se realice por separado, para que una nota alta no compense un incumplimiento.
- Reclaman que la independencia política se acredite antes de presentar la candidatura, sin bastar con abandonar un partido o cargo después de postularse.
- Solicitan que los criterios excluyan de oficio a los responsables de violaciones de derechos humanos documentadas por mecanismos internacionales u organizaciones de derechos humanos.
Nuevas reglas y participación de la sociedad civil
El pronunciamiento, publicado por WOLA, reconoce cambios respecto a anteriores designaciones: la participación de distintos sectores políticos y de la sociedad civil, un calendario público, un Consejo de Verificación de Credenciales y Requisitos con mayoría independiente y la difusión del baremo de evaluación. Las entidades consideran que estos avances deben preservarse, pero plantean correcciones que ven viables dentro de los plazos previstos.
La renovación procede de los acuerdos de la Mesa de Diálogo, instalada el 6 de agosto de 2026. La reforma parcial de la Ley Orgánica del TSJ, publicada el 15 de septiembre en la Gaceta Oficial n.º 7.074 extraordinario, cambió su artículo 65: el Comité de Postulaciones Judiciales (CPJ) quedó compuesto por 11 diputados y 12 representantes de la sociedad civil, un total de 23 integrantes.
A ese comité se suma el Consejo de Verificación, creado por la Mesa de Diálogo aunque no está previsto en la Ley Orgánica del TSJ. Sus siete expertos se reparten entre cuatro designados por la representación de la Asamblea Nacional de 2015 y tres por la representación oficialista.
Las recomendaciones se dirigen a ambos órganos, a la Asamblea Nacional y a la Mesa de Diálogo. Las suscriben Acceso a la Justicia, AlertaVenezuela, Aula Abierta, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Caleidoscopio Humano, Espacio Público, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Ideas for Democracy, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), PROVEA y el Robert C. Ethel Kennedy Human Rights Center.
Comprobar los requisitos antes de puntuar
Las organizaciones sitúan el mérito como criterio rector y piden aplicar la Constitución y los estándares internacionales durante toda la evaluación. Reclaman criterios objetivos fijados de antemano, decisiones motivadas, controles de integridad e independencia sin valoraciones subjetivas y mecanismos efectivos de participación, supervisión e impugnación ciudadana.
Para permitir ese escrutinio, solicitan publicar las normas de funcionamiento del CPJ, los currículos de al menos quienes hayan superado la comprobación inicial de requisitos y las notas de la revisión de credenciales. Sostienen que esa información permitiría examinar las candidaturas y fundamentar posibles impugnaciones.
La comprobación de elegibilidad, añaden, debe preceder a la puntuación y realizarse por separado. Piden precisar los requisitos del artículo 263 de la Constitución según cada vía de acceso y la sala a la que se presente el aspirante, de modo que una nota elevada no pueda compensar un incumplimiento. Atribuyen al Consejo de Verificación un papel clave en esa tarea.
El CPJ difundió el baremo el 2 de noviembre de 2026. Prevé hasta 100 puntos por formación académica, experiencia docente, trayectoria profesional, experiencia jurisdiccional y entrevista. Acceso a la Justicia señala que los criterios de evaluación no se habían hecho públicos en los 27 años anteriores.
Las entidades proponen revisar esa escala para tomar los requisitos mínimos como punto de partida y conceder mayor puntuación a la experiencia adicional. También reclaman valorar la carrera judicial conforme al artículo 255 constitucional y dar un reconocimiento equilibrado al ejercicio profesional independiente y a la docencia.
Acceso a la Justicia sitúa esta cuestión en un contexto de falta de estabilidad judicial: según la organización, desde 2003 no se celebran concursos públicos de oposición para acceder a la judicatura. Afirma que, al depender del libre nombramiento y remoción, la gran mayoría de los jueces carece de estabilidad y de una verdadera carrera judicial.
Independencia política y garantías en los controles de integridad
Para los firmantes, la independencia política debe existir antes de presentar la candidatura. Por ello, sostienen que no basta con abandonar un partido o un cargo público ejercido en su nombre después de postularse, de superar la preselección o de recibir el nombramiento.
Piden al CPJ y al Consejo de Verificación que anuncien criterios objetivos y precisos sobre afiliaciones, responsabilidades partidistas y funciones políticas relevantes, y que exijan una declaración proporcionada de vínculos e intereses. Estos controles no deberían excluir a personas por actividades lícitas que supongan un riesgo bajo para la imparcialidad judicial ni por su trabajo legítimo en defensa de los derechos humanos.
La valoración de la idoneidad, la integridad y la buena conducta debe examinar la ética, la imparcialidad y la trayectoria profesional de cada aspirante a partir de fuentes fiables y verificables. El documento exige respetar el debido proceso, incluido el derecho a conocer y rebatir los señalamientos.
También reclama delimitar el alcance y el uso de las comprobaciones de antecedentes, los exámenes de salud mental y las revisiones de reputación digital, sin convertir las opiniones o la defensa legítima de los derechos humanos en motivos de exclusión.
A la vez, solicita que los criterios excluyan expresamente a los responsables de violaciones de derechos humanos documentadas por mecanismos internacionales de protección u organizaciones de derechos humanos. Esa exclusión, según la propuesta, debe aplicarse de oficio, aunque nadie haya impugnado la candidatura.
Paridad, entrevistas abiertas e impugnaciones con respuesta pública
Las organizaciones piden incorporar la paridad de género a todo el procedimiento, junto con el mérito y la idoneidad, para alcanzar una representación equilibrada en la composición final del TSJ.
En las entrevistas, reclaman publicar previamente los criterios de evaluación y sus indicadores específicos y diferenciados. Los paneles deberían ser equilibrados y contar con suficiente presencia de evaluadores políticamente independientes. Además de permitir la participación virtual, las entrevistas tendrían que emitirse en directo o, como mínimo, abrirse a la participación del público.
El examen de las trayectorias personales debería servir para detectar posibles conductas impropias, conflictos de intereses y riesgos de favoritismo o parcialidad apreciables por un observador razonable, según el documento.
Otra de las propuestas es asegurar una vía eficaz para que la ciudadanía cuestione las candidaturas y aporte información sobre la integridad y la independencia de los aspirantes, con el fin de impedir el acceso de personas implicadas en violaciones graves de derechos humanos. Las entidades piden plazos claros y suficientes y un procedimiento que admita información fiable incluso cuando no exista una condena penal. Cada candidato debe poder conocer y contestar las objeciones, y cada impugnación debe recibir una resolución motivada y pública.
El contexto del diálogo y las críticas al actual tribunal
Las conversaciones entre el Gobierno venezolano y una parte de la oposición comenzaron después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en enero de 2026. En ese diálogo no está representado el partido de María Corina Machado.
La oposición y organizaciones de derechos humanos acusan a los jueces del actual TSJ de actuar al servicio del chavismo y de haber avalado la cuestionada reelección de Maduro en las presidenciales de 2024. La proclamó un organismo electoral bajo control oficialista que no publicó las actas.
Los firmantes consideran que la renovación ofrece una oportunidad largamente esperada para empezar a recuperar la independencia judicial. Su petición es que las próximas fases se ajusten a las garantías constitucionales e internacionales de independencia, transparencia, objetividad, participación ciudadana y paridad de género.
Las candidaturas recibidas y los próximos plazos
La convocatoria terminó el miércoles 18 de noviembre, después de ampliarse siete días. Al día siguiente, el presidente del CPJ, el diputado Giuseppe Alessandrello, anunció la recepción de 1.343 postulaciones. El diputado Luis Florido confirmó ese mismo día la cifra a EFE. El total abarca las candidaturas a magistrados del TSJ, a inspector general de Tribunales y a director de la Escuela Nacional de la Magistratura.
La convocatoria anterior, desarrollada entre mayo y junio de 2026, había sido anulada. Sus participantes pueden ratificar la postulación sin volver a entregar la documentación. Acceso a la Justicia calcula que esta posibilidad podría incorporar hasta 561 aspirantes al nuevo procedimiento.
La publicación de los nombres abrirá el plazo de 15 días hábiles para presentar impugnaciones ciudadanas que establece el artículo 71 de la Ley Orgánica del TSJ. Después, el comité contará con ocho días para determinar quiénes cumplen los requisitos. También se contempla una fase adicional de tres días para que comparezcan las personas impugnadas y el CPJ decida si pueden mantener sus candidaturas.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señaló el 9 de noviembre que la hoja de ruta prevé tener constituido el nuevo Supremo a mediados de diciembre y crear el nuevo consejo electoral "muy poco después". El cronograma derivado de los acuerdos de la Mesa de Diálogo fija el 11 de diciembre de 2026 como fecha prevista para que la Asamblea Nacional designe definitivamente a los nuevos magistrados.



